Eterna promesa de desaladora: MOP pide un año más de plazo para contestar observaciones

Desde la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas solicitaron a la autoridad ambiental regional poder extender el periodo de respuestas del Estudio de Impacto Ambiental hasta enero de 2027. Requerimiento fue ampliamente criticado por actores locales ad portas del término del gobierno.

Fuente: DIARIO EL DÍA

10-03-2026 | La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a través de un escrito pidió extender la suspensión del proceso de evaluación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo, con el objetivo de contar con mayor plazo para responder el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones N°2 (ICSARA).

De acuerdo con la solicitud presentada al director regional del SEA, Erwin Gajardo, se pidió que la suspensión del procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental se extienda hasta el 15 de enero de 2027. La medida permitiría completar una serie de estudios técnicos y actividades de terreno necesarias para subsanar brechas de información identificadas en el proceso de evaluación.

Según se explica en el documento, responder adecuadamente las observaciones del ICSARA requiere la realización de campañas de terreno, análisis especializados y modelaciones técnicas, además de procesos de revisión y control de calidad de la información que se incorporará en la próxima Adenda Complementaria N°2 del proyecto.

Entre los principales aspectos que requieren mayor plazo se encuentra la caracterización arqueológica subsuperficial de los sitios denominados “PA-27” y “Lagunillas”. Para ello es necesario tramitar previamente permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que permitirá posteriormente realizar sondeos arqueológicos y otras actividades de investigación en terreno.

Otro de los componentes que deberá reforzarse corresponde a los estudios de biota marina y cadena trófica, los cuales consideran análisis cuantitativos de poblaciones sensibles presentes en el área de influencia del proyecto. Estos estudios requieren campañas adicionales y análisis científicos para capturar la variabilidad biológica existente en la Ensenada El Panul, sector donde se emplazaría la iniciativa.

Asimismo, el ICSARA solicitó por primera vez la elaboración de una modelación de ruido submarino para evaluar eventuales impactos en cetáceos presentes en la zona, además de un nuevo informe de estimación de emisiones atmosféricas asociado al funcionamiento del proyecto.

En materia social, también se deberán complementar los análisis vinculados al medio humano indígena, particularmente en relación con el uso de hierbas medicinales y prácticas de interacción espiritual de comunidades indígenas presentes en el área de estudio.

Desde la Dirección General de Concesiones del MOP explican que la extensión solicitada busca garantizar que la información presentada cumpla con los estándares técnicos requeridos por el proceso de evaluación ambiental, evitando eventuales nuevos rechazos y permitiendo que la próxima adenda incorpore todos los respaldos necesarios para su análisis por parte de los organismos competentes.

GREMIO LAMENTA NUEVA DEMORA
Al respecto, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), sostuvo que “es innegable que resulta extraño escuchar reiteradamente de todas las autoridades del gobierno, empezando desde el propio Presidente de la República, diciendo que se trata de una iniciativa estratégica y urgente, que eso no se refleje en ningún tipo de tratamiento exprés, alguna tramitación acelerada o privilegiada”.

“Se confirma lo que muchos dedujeron al momento de anunciarse este proyecto, en cuanto a que no se cumpliría el propósito presidencial de tener la planta operativa en 2029; tendremos que seguir esperando y rezar para que al menos tengamos lluvias en los próximos inviernos, o enfrentaremos una verdadera crisis, a juzgar por los bajísimos niveles de agua contenida en los embalses”, remarcó.
En esa línea, puntualizó que “este caso también pone de relieve las limitaciones y fallas de nuestros mecanismos legales destinados a autorizar proyectos de inversión, en donde hasta los reclamos más minoritarios y aislados pueden frenar iniciativas de la más alta relevancia para un territorio, en este caso, nuestra región”.

“UNA ABERRACIÓN”
Víctor Pino, diputado y futuro delegado presidencial, fue uno de los primeros en alzar la voz al confirmarse la solicitud de extensión de plazo. En este contexto, pidió al MOP que aclare el estado actual de la iniciativa, así como también el número de observaciones realizadas por los servicios públicos y los nuevos plazos que se manejarían para la obtención de la resolución ambiental, la adjudicación definitiva y el inicio de las obras.

“Esta desaladora es un proyecto anhelado por años por nuestros habitantes, ya que con la construcción de esta planta podremos enfrentar la escasez hídrica que vivimos. Es por eso que necesitamos claridad sobre los tiempos y también garantías de que no habrá retrasos innecesarios”, señaló

Por su parte, el senador Matías Walker, indicó que “resulta una aberración que se postergue una solución para entregar agua potable para el consumo humano a 500 mil habitantes de la conurbación por una cuestión relacionada con el uso de hierbas medicinales e interacciones espirituales de supuestas personas de comunidades indígenas que ni siquiera viven en El Panul”.

“Esto es un resumen de lo que ha sido este gobierno: generar expectativas, llevar a cabo un proceso de licitación en el que se presentan ofertas por parte de consorcios que confían en que el Estado va a cumplir con sus compromisos en tiempo y forma, y finalmente postergar el proceso hasta enero del año 2027 por estas cuestiones que son totalmente absurdas”, recalcó.

Asimismo, enfatizó en que “la permisología ha tenido prisionero a este gobierno y, con ello, ha tenido amarrada de manos a la región de Coquimbo en el desarrollo de proyectos tan importantes como plantas desaladoras o proyectos mineros”.

Finalmente, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, lamentó la decisión del MOP. “En una región como la nuestra, que enfrenta una crisis hídrica estructural desde hace años, seguir postergando definiciones significa prolongar la incertidumbre para miles de familias. Aquí estamos hablando de una obra estratégica que permitirá garantizar el acceso al agua y al desarrollo de la Región de Coquimbo”, cerró.